CATASTRO DE ENSENADA

DE WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE
Desde 1749 se realizó, en los 15 000 lugares con que contaba la Corona de Castilla (entre los que no se cuentan los de las provincias vascas, por estar exentas de impuestos), una minuciosa averiguación a gran escala de sus habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo los censos; incluso de las características geográficas de cada población. Fue ordenada por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la Ensenada y recibe hoy el nombre de Catastro de Ensenada.
Las respuestas generales de los pueblos al interrogatorio de cuarenta preguntas del Catastro (que se tabularon y verificaron con todas las prevenciones posibles para evitar las ocultaciones o desviaciones que podían imaginarse, y que aun así sin duda se produjeron) proporcionan un volumen de documentación abrumador, que sigue dando oportunidad a los historiadores para analizar, a través de una excelente radiografía, la economía, la sociedad, la práctica del régimen señorial e incluso el estado del medio ambiente; y es desde luego la mejor estadística disponible en el contexto europeo del Antiguo Régimen, que podemos considerar pre-estadístico.
La palabra «catastro» significa averiguación o pesquisa. También se aplica a la forma de averiguación, porque se realizó desplazándose a los lugares catastrados un grupo de funcionarios que la dirigían. Por el contrario, si el rey encomendaba a las autoridades del pueblo que fuesen ellas las que lo averiguasen, se hablaba de amillaramiento.
A la vez que se hizo el catastro se confeccionaron otros documentos complementarios:

• los libros del mayor hacendado de cada población catastrada (sin considerar a los mayores hacendados que estaban exentos de diezmos)
• el llamado Censo de Ensenada de 1756, para el que se siguió un modelo confeccionado por la Real Junta (y del que se suele citar el número estimativo de 9.400.000 habitantes para todo el territorio peninsular)
• el libro de lo enajenado, en el que aparece cada propiedad o lugar que alguna vez fue del rey y ahora pertenecía a particulares, a los que había pasado por merced regia o por venta. Éste último, a diferencia de los dos anteriores, tenía carácter oficial.

En 1759, la Real Junta de Única Contribución mandó realizar un Vecindario a partir de los datos del Catastro. Este documento resultó fundamental, pues no se disponía de información ni actualizada ni fiable de la población de la Corona. Los dos últimos recuentos de población eran de 1591 (en tiempos de Felipe II) y 1717, año en que se hizo el llamado Vecindario de Campoflorido, muy imperfecto.